Premio al mejor reportaje de denuncia en Brasil

Damiá Puig un periodista español, ha ganado el premio al mejor reportaje de denuncia en Brasil.

Tras la reciente reforma de la ley de deforestación  que llevó a cabo el parlamento de Brasil, en la que se ampliaban las zonas de tala indiscriminada de arboles, nuestro joven periodista indignado viajó hasta allí (ayudado economicamente por amigos) para contarnos lo que estaba pasando en La Amazonia, que es la mayor reserva medioambiental del mundo.

El enorme poder que ostentan los sectores agroexportadoras en Brasil no es algo novedoso. Por lo menos quince legisladores de la Cámara Baja son hacendados que han sido multados por violar la Ley Forestal. No obstante, la aprobación hecha días atrás de la enmienda a esta legislación fue impulsada por 410 diputados contra 63, que no votaron a favor de la modificación. Esto significa que gran parte de los legisladores oficialistas del Partido de los Trabajadores (PT) levantaron la mano para promulgar una nueva ley que premia a las compañías madereras y grandes agricultores que han destruido los bosques y la selva antes de julio de 2008.

Es impresionante la OLA DE ASESINATOS que se han producido, según la organización católica “Comisión Pastoral de la Tierra”, entre 1996 y 2011, solamente en el estado de Pará, hubo 214 personas asesinadas por conflictos agrarios, principalmente activistas a favor del medioambiente, pequeños campesinos y líderes indígenas. Mientras que 800 personas fueron amenazadas de muerte.
Pero en los últimos días, tras la aprobación de la ley se incrementaron las muertes de carácter mafioso, ya que muchos de los asesinados presentaron signos particulares, como por ejemplo las orejas cortadas, que son utilizados como demostración por parte del autor material del hecho frente al que le encargó la macabra tarea.

De acuerdo con la Pastoral, desde 1985, los asesinatos llegaron a 1.580 personas en las zonas rurales de Brasil, mientras que 21 autores intelectuales relacionados con los sectores ganaderos y madereros fueron condenados, de los cuales hoy solamente uno se encuentra preso.

Así, el poder de los terratenientes no sólo domina la Cámara de Diputados, gran parte del PT y varios municipios, sino que también existe la intimidación física de bandas armadas asociadas con el poder del campo.

Ley de impunidad o reforma agraria…

La realidad actual brasileña, con cuatro millones de familias expulsadas de sus tierras, impone urgentemente una reforma agraria, que ya está contemplada oficialmente por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria. Aunque su inacción se debe a los grandes intereses de los poderosos sectores terratenientes, que cada vez actúan con mayor impunidad.

Si el Senado aprueba la modificación de la ley, la presidenta deberá compensar la pasividad de las instituciones encargadas de redistribuir la tierra y la riqueza, tal como planeó Lula y anhela la propia Rousseff. Para ello deberá castigar la deforestación con multas y expropiaciones, federalizar el control de las áreas protegidas y de la persecución de las mafias que asesinan libremente y vetar la reforma al Código Forestal.

Claro, esas acciones serían tomadas como muy radicales por la oposición, legisladores de su propio partido y sobre todo por el poder terrateniente, que actuarían en consecuencia, entorpeciendo otros proyectos en el Congreso y debilitando el poder de la mandataria. Pero la inseguridad que viven los campesinos, los cuatro millones de familias fuera del sistema rural y la destrucción de bosques y selvas requieren de políticas firmes y concretas.